El 28 de julio se publicó el Decreto 160/2026, y con él cae una restricción que llevaba años frenando el mercado del arte en Cuba: la prohibición de crear y gestionar galerías privadas.
Hasta ahora, el Decreto 107/2024 bloqueaba esa figura por dos vías a la vez. El numeral 47 prohibía las «actividades de galerías de arte comerciales»; el numeral 111 impedía gestionar «salas de conciertos, de video, galerías de arte, librerías, casas de cultura, teatros y otras instalaciones similares». La galería quedaba cerrada en sus dos dimensiones: como espacio cultural gestionado de forma privada y como estructura comercial destinada a promover y vender obras.
El Decreto 160/2026 elimina esa mención en ambos frentes. En la sección de comercio desaparece la prohibición específica de las galerías comerciales. El nuevo numeral 69 mantiene la restricción sobre la gestión privada de salas de conciertos, salas de video, librerías, casas de cultura y teatros, pero suprime la expresión «galerías de arte». Ahí está el cambio. Y se refuerza en el numeral 70, que exceptúa expresamente la comercialización de las artes visuales de la prohibición general de conformar, promover y comercializar catálogos de artistas.
La omisión pesa. El artículo 3.2 del Decreto 160 establece que las actividades no incluidas en el Anexo Único se consideran permitidas, aunque deban cumplir las autorizaciones, licencias y certificaciones previstas en otras disposiciones. El artículo 5 añade que las prohibiciones deben interpretarse literalmente, sin analogías ni extensiones. Desde esa lógica, no sería jurídicamente razonable reintroducir a las galerías por la vía de la fórmula abierta «otras instalaciones similares»: el propio legislador eliminó su mención expresa y prohibió extender por analogía el alcance de las restricciones.
Conviene decirlo con precisión: el decreto no contiene una frase que anuncie, solemne, «se autorizan las galerías privadas». La apertura llega por la combinación de varias decisiones jurídicas: se deroga el Decreto 107, se elimina la galería de arte del listado de prohibiciones, se declara permitido lo que no figure en el nuevo anexo y se exceptúa expresamente la comercialización de las artes visuales. Es una autorización por exclusión del régimen prohibitivo, todavía sujeta a las disposiciones complementarias que el Estado tiene que aprobar.
Tampoco es una liberalización total. Actividades como museos, archivos, bibliotecas, centros de información o gestión de lugares históricos siguen reservadas al Estado, y la actividad galerística tendrá que convivir con las normas sobre patrimonio, exportación de bienes culturales, derecho de autor, contratación de artistas y tributación.
Esta apertura responde a un reclamo sostenido durante años por artistas, curadores, críticos, coleccionistas, investigadores y gestores culturales. La ausencia de una figura galerística privada reconocida limitó la creación de estructuras profesionales de representación, promoción, documentación y venta; obligó a que muchas iniciativas funcionaran como estudios, proyectos curatoriales, plataformas digitales o negocios con objetos sociales indirectos, sin poder asumir del todo la identidad de una galería.
La noticia coincide, casi punto por punto, con la salida de mi libro Mercado de arte en Cuba… una historia incompleta, que reconstruye precisamente las tensiones entre creación, circulación, institucionalidad y valor económico que atraviesan el arte cubano desde 1959. Una de esas tensiones ha sido la dificultad para reconocer jurídicamente la pluralidad de agentes que intervienen en el mercado. Mientras el libro llega a los lectores, una de las restricciones que examina empieza a desmontarse en tiempo real.
Y ahora viene lo interesante: las galerías estatales, que durante décadas no tuvieron competencia privada formal dentro del país, van a tener que disputarse artistas, públicos y espacios de visibilidad con actores nuevos. Las estatales llegan con archivos, legitimidad histórica y espacios físicos, pero también con estructuras administrativas lentas y poca autonomía para decidir. Las privadas llegarán con agilidad para negociar y adaptarse al mercado, pero sin infraestructura ni reconocimiento acumulado. No es una competencia en igualdad de condiciones para ninguno de los dos lados, y de ahí sale la idea central de este artículo: la «(des)igualdad».
Competir en «(des)igualdad» de condiciones
Esa exclusividad histórica de las galerías estatales empieza a desaparecer. Van a compartir artistas, públicos, compradores, coleccionistas y espacios de visibilidad con actores privados capaces de diseñar programas expositivos, construir catálogos, desarrollar marcas y trazar estrategias comerciales propias. La competencia no se limitará a vender una obra: también estará en juego la capacidad de descubrir artistas, producir exposiciones, documentar trayectorias, participar en ferias y establecer relaciones internacionales duraderas.
Las instituciones estatales parten con ventajas acumuladas: espacios físicos, archivos, legitimidad histórica, personal especializado, relaciones con organismos públicos y acceso a determinados circuitos oficiales. Algunas cuentan con catálogos construidos durante décadas y ocupan inmuebles en zonas de gran valor cultural o turístico. Pero esas ventajas conviven con cargas importantes: estructuras administrativas lentas, poca autonomía para decidir, límites presupuestarios, procedimientos de pago que no siempre van al ritmo del mercado. Deben además cumplir funciones que van más allá de la rentabilidad: preservar patrimonio, sostener programas educativos, acompañar a artistas sin éxito comercial inmediato.
Las galerías privadas, previsiblemente, tendrán mayor agilidad para seleccionar artistas, negociar contratos, adaptar precios y conectar con coleccionistas de la diáspora. Empezarán, eso sí, sin infraestructura, sin patrimonio institucional ni reconocimiento acumulado, y tendrán que resolver desde cero problemas de financiamiento, acceso a divisas, importación de materiales, exportación de obras y disponibilidad de locales. La ventaja competitiva no está garantizada por decreto; hay que construirla.
La desigualdad, de hecho, puede jugar en ambas direcciones: el sector estatal conserva recursos y autoridad institucional; el privado cuenta con incentivos económicos y flexibilidad operativa. Ahí está el riesgo real: que esas ventajas no vengan de la calidad del trabajo, sino de privilegios regulatorios, decisiones administrativas discrecionales o accesos diferenciados a espacios, artistas y permisos. Si eso ocurre, la apertura pierde buena parte de su sentido.
Para las instituciones estatales, el reto no es impedir la competencia. Es redefinir su función dentro de un ecosistema más plural. Tendrán que mejorar su gestión, dar transparencia a sus relaciones con los artistas y profesionalizar sus estrategias de mercado. Ya no bastará con ocupar una posición central por mandato institucional; hará falta demostrar capacidad curatorial, eficiencia comercial y conexión real con los públicos.
Las galerías privadas, a su vez, tendrán que evitar reproducir los vicios que durante años se criticaron en el sistema institucional: opacidad contractual, selección por relaciones personales, ausencia de criterios de procedencia, falta de transparencia en los precios. La apertura solo será positiva si genera profesionalización, no si cambia un monopolio estatal por pequeños monopolios privados o redes cerradas de intermediación.
El Decreto 160 deja en manos de los organismos rectores la aprobación de los procedimientos, requisitos y mecanismos de supervisión que harán operativa la norma. Ahí se decidirá buena parte del alcance real de la reforma: cómo se autorizarán los espacios, qué formas de contratación podrán usarse, cómo se articulará la representación de artistas, qué reglas regirán la exportación de obras y en qué condiciones las galerías privadas accederán a ferias e instituciones públicas.
La oportunidad existe. Ahora toca construir las reglas y las prácticas para aprovecharla. Las galerías privadas pueden ampliar el mercado, atraer compradores y recuperar artistas relegados; las instituciones estatales pueden conservar su función pública y renovarse a la vez mediante la competencia y la cooperación. Puede que la consecuencia más importante no sea la aparición de una galería privada aislada, sino el reconocimiento de que el mercado del arte cubano necesita agentes, intereses y modelos de gestión distintos.
El libro aparece justo cuando esa posibilidad deja de ser solo un reclamo y empieza a tomar forma jurídica. Una feliz coincidencia, sin duda, pero también el arranque de una etapa compleja. La historia sigue incompleta. Ahora, al menos, cuenta con actores nuevos para escribirla.
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