¿Y qué pasa con la industria cultural en Cuba con las nuevas medidas?

Imagine la escena, porque ocurre todos los días. Un coleccionista extranjero entra a un estudio en el Vedado, se enamora de un cuadro, pregunta el precio y paga en efectivo. El artista enrolla la tela en un tubo de cartón, sin factura, sin certificado, sin rastro. La obra sale del país en una maleta o en la valija de alguien de confianza. Nadie registra la venta, nadie tributa por ella, nadie sabrá dentro de veinte años por dónde pasó esa pieza. Así se ha movido buena parte del arte cubano durante décadas. Un mercado real, con dinero real, funcionando en la sombra de la ley.

Ahora abramos las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas en junio y busquemos la palabra «arte». No aparece. Tampoco «galería», ni «mercado del arte», ni «artes visuales». «Cultura» asoma apenas, de refilón. Uno diría que el sector quedó fuera del reparto. Y sin embargo esa es la lectura apresurada, la que se queda en la superficie. Las medidas no nombran el arte, pero lo tocan por todos los flancos, y en las artes visuales lo tocan donde de verdad duele, que es quién puede vender, quién puede exportar, quién puede invertir, cómo se forman los precios y con qué materiales se sienta un artista a trabajar.

No hablamos de un retoque de trámites. Hablamos de la posibilidad de que, por primera vez en más de seis décadas, exista dentro de Cuba algo parecido a un mercado del arte legal, con agentes reconocidos, reglas mínimas y una cadena de valor completa. Y eso obliga a repensar el sistema entero, desde las empresas estatales que sostuvieron la comercialización hasta las galerías privadas que crecieron en la penumbra, pasando por el pintor que vende como puede y por el modo en que se consigue un lienzo o un pigmento.

Durante años, el andamiaje se sostuvo sobre una premisa que hoy empieza a ceder. La intermediación privada del arte estaba, en la práctica, prohibida o simplemente no reconocida, y el canal legal de venta y exportación pasaba por entidades como el Fondo Cubano de Bienes Culturales o Génesis Galerías de Arte. Quítese esa premisa y se mueve el suelo entero. La medida 27 promete recortar la lista de actividades vedadas al sector no estatal. La 129 autoriza a empresas privadas y cooperativas a hacer comercio exterior directo. La 128 introduce la nomenclatura negativa, esa lógica según la cual se permite todo lo que no esté expresamente prohibido. Y la 149 da prioridad a la gestión no estatal en el comercio y los servicios. Léalas juntas y aparece un escenario distinto, uno donde el galerista, el marchante, la plataforma digital o una futura casa de subastas privada dejan de ser anomalías toleradas para volverse operadores legítimos. Siempre, claro está, que no regresen las trabas de siempre con nombres nuevos.

La pregunta ya no es si Génesis o el Fondo sobrevivirán, sino cómo. La salida fácil, esa de «que se privaticen y punto», me parece pobre y hasta peligrosa. Un país que todavía no tiene tasadores certificados, ni registros fiables de procedencia, ni bases públicas de precios, ni sistemas de autenticación en los que uno pueda confiar, no gana nada desmontando de un tirón la única infraestructura y la única memoria institucional que ha logrado acumular. Lo inteligente es reconvertirla. Que estas empresas dejen de cobrar por autorizar y empiecen a cobrar por resolver. Peritajes serios. Certificados de procedencia con valor legal. Logística de exportación con seguro y transporte especializado. Catálogos razonados de los grandes nombres del patrimonio. Tasaciones para garantía bancaria, algo que cobra sentido con medidas como la 14 y la 89, porque si un activo empresarial puede valorarse y servir de colateral para un crédito, una obra bien tasada podría entrar en la misma lógica. El monopolio de la venta se agotó. Lo que queda vacante, y disponible, es el liderazgo en confianza.

Hay algo que casi nunca se dice con todas las letras. Cuba ya tiene un circuito privado de galerías y espacios de arte. No hay que inventarlo, existe, y lleva una década funcionando en una zona jurídica incómoda pero visible. El Apartamento, nacido en 2016, se ha convertido en una de las galerías cubanas con mayor proyección internacional. La Galería Taller Gorría reactivó una parte entera de San Isidro alrededor del arte. Continua abrió sede habanera trayendo consigo una marca global. Fábrica de Arte Cubano mezcló exposición, música, diseño y consumo cultural con una eficacia que ninguna institución estatal supo repetir. Todos ellos demostraron lo mismo, que hay público, hay mercado y hay ganas de que la obra circule. Lo que falta es una figura legal que los reconozca por lo que son, operadores de intermediación artística.

Ahí está una de las grandes contradicciones que las Transformaciones podrían resolver. No se trata de fundar un mercado desde cero, sino de legalizar y ordenar el que ya respira. Reconocer al galerista independiente como actor económico, con licencia, derechos, obligaciones fiscales y capacidad para manejar cuentas, contratos y exportaciones, sería el paso más realista y más urgente. Formalizar no es domesticar. Es darle seguridad jurídica a quien lleva años asumiendo el riesgo en solitario. Y es, de paso, la condición para que entre capital serio, porque el capital serio rara vez se acerca a donde todo depende del permiso informal, la llamada oportuna o la tolerancia pasajera.

Sin dinero de fuera, la reforma se queda a medio camino. El gran coleccionismo, la liquidez y buena parte de la demanda por arte cubano viven lejos de la isla, en Miami, Madrid, Nueva York, Ciudad de México, París. Aquí las medidas ofrecen herramientas inéditas. La 119 estimula la inversión extranjera en empresas privadas y cooperativas mediante empresas mixtas y contratos de asociación. La 126 la permite en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales, justo donde un distrito de galerías tendría todo el sentido del mundo. La 86 autoriza cuentas en divisas dentro y fuera de Cuba sin permiso previo. La 87 abre el marco para los activos virtuales, un terreno que ya coqueteó con varios artistas cubanos durante el auge de los NFT en 2021. Incluso la 17, al admitir sociedades por acciones con participación estatal, deja imaginar fórmulas mixtas donde el Estado, el capital privado y el extranjero conviven sin devorarse.

Pero el diseño pesa tanto como la apertura. Un socio extranjero que no puede repatriar beneficios, que tarda dos años en cerrar una autorización o que no sabe si podrá sacar legalmente las obras del país, no invierte, se va. La medida 125, cuando habla de reducir plazos y aplicar el silencio administrativo positivo, apunta bien. Faltará aterrizarla al arte con reglas propias, como la importación temporal de obra para ferias, la exportación ágil del artista vivo, los seguros de tránsito, los contratos de consignación, los permisos digitales con plazos máximos verificables. Suena a letra pequeña, y lo es, pero esa letra pequeña decide si una galería internacional abre en La Habana o se queda tranquila en Madrid.

Y hay un eslabón que siempre queda en segundo plano aunque lo condiciona todo, que son los materiales. Conseguir en Cuba un lienzo decente, óleo de calidad, papel de buen gramaje, tintas, gubias, bastidores, resinas, un proyector o una cámara ha sido durante años una odisea de encargos a la familia en el exterior, mercado negro, reciclaje y sustituciones precarias. No hay industria del arte sin insumos del arte. El propio Fondo Cubano de Bienes Culturales ha destinado parte de sus ingresos a comprar materiales para los creadores, lo que demuestra que el problema se conoce. Pero eso es un parche, nunca un mercado.

Las medidas ofrecen aquí una salida sorprendentemente concreta. La 30 promueve un mercado de insumos con participación de todos los actores y acceso al mercado cambiario. La 150 manda crear mercados de abasto mayoristas con acceso directo de personas naturales y jurídicas, sin poner límites a quién participa. La 158 permite a las personas naturales importar con carácter comercial por encima de los topes. Tradúzcase al lenguaje de las artes visuales y aparece un mercado formal de materiales, abastecido por importadores privados, mipymes, cooperativas o empresas estatales, con pago en divisas y en pesos. Un galerista podría importar pigmentos y bastidores. Una mipyme podría vender papel, tintas y equipos. Un artista podría comprar sin depender de que un amigo le traiga los tubos de óleo desde Miami en el fondo de una maleta. Es menos vistoso que anunciar una feria internacional, cierto, pero sin ese eslabón la producción sigue estrangulada.

Todo esto tropieza con una norma que ya pasó los treinta y cinco años, el Decreto-Ley 106 de 1988, sobre la condición laboral y la comercialización de las obras del creador de artes plásticas y aplicadas. En su día fue avanzada. Reconoció la condición laboral del artista, permitió la venta desde el taller, creó el Registro del Creador y le dio cobertura de seguridad social al creador independiente. Ahí, precisamente, vive la paradoja. El Registro no nació para levantar un mercado del arte, sino para dar amparo administrativo y social al artista individual.

Llevamos, entonces, casi cuarenta años con una norma que regula la comercialización del arte desde la idea de que el mercado, como sistema, no debía existir. Se toleró la venta individual y se dejó fuera todo el ecosistema que la rodea, la galería que representa, el marchante que negocia, la casa que subasta, el fondo que invierte, el importador que abastece, el asesor que certifica, el transportista que mueve la obra con guantes. Por eso conviven en La Habana galerías privadas trabajando a plena luz y, a la vez, jurídicamente huérfanas. La realidad corrió mucho más rápido que la ley.

Las Transformaciones vuelven ese desfase insostenible. No se puede autorizar la sociedad por acciones, la inversión extranjera en empresas privadas, las cuentas en divisas sin permiso y el comercio exterior directo mientras se conserva un marco de 1988 que solo reconoce al creador individual y una comercialización tutelada por el Estado. Revisar el Decreto-Ley 106 no es un capricho de juristas. Es la llave que abre el resto de la reforma. Una norma nueva tendría que reconocer al operador privado del mercado, ordenar el contrato entre artista y galería, fijar un régimen de exportación rápido y razonable, proteger el derecho de autor, regular las comisiones y montar mecanismos de diligencia debida contra el lavado de activos y la falsificación. Esto último no es un lujo. Vietnam abrió sus galerías sin registros sólidos de procedencia y acabó enfrentando una falsificación tan extendida de sus maestros modernos que las grandes casas internacionales le retiraron los lotes. No es un riesgo imaginario, es una factura que otros ya pagaron.

Escribo esto desde un optimismo cauto. Durante años, el valor del arte cubano se ha cocinado en Miami, Madrid, Nueva York o París, mientras la isla se queda con una tajada menor del ingreso y con casi ninguno de los datos. Las medidas, pensadas para la economía en general, entregan casi por accidente el instrumental que el sector visual llevaba tiempo necesitando, la intermediación legal, los canales de pago, la exportación viable, la inversión extranjera, el mercado de insumos y hasta un incentivo indirecto al mecenazgo por la vía de la responsabilidad social empresarial que asoma en medidas como la 57, la 64 y la 112. La materia prima está servida. Talento, marca país, artistas reconocidos, diáspora coleccionista, espacios privados en marcha, memoria institucional y una demanda internacional que no se ha apagado.

Lo que falta es voluntad para reescribir el marco y algo de coraje político para aceptar una idea sencilla, que Génesis, el Fondo, las galerías privadas, los artistas independientes y los inversores nuevos no tienen por qué destruirse entre sí. Pueden ocupar lugares distintos dentro de un sistema más amplio. Unos aportan legitimidad institucional, otros capital, otros redes internacionales, otros conocimiento técnico, otros la piel del riesgo empresarial. La clave está en dejar de pelear por el modelo viejo y ponerse a diseñar el nuevo.

La gradualidad puede ser prudencia o puede ser la forma elegante de que nada cambie. Ojalá sea lo primero. Por una vez, las artes visuales cubanas tienen algo concreto que poner sobre la mesa, un marco legal para las galerías, una ventanilla de exportación, un mercado de insumos, reglas de inversión, contratos tipo, un registro de precios, certificación de procedencia y vías reales de financiamiento. Y sería una lástima que, después de tanto esperar, cuando por fin se abre una ventana, el arte cubano se quede otra vez parado en la puerta.